A diferencia de Cuba, Venezuela, Corea del Norte y otras fallidas economías, en donde el estado da opciones de vivienda a sus habitantes, lo que en general bajo un régimen socialista, da propiedad al Estado sobre los bienes inmuebles, Costa Rica es en teoría una democracia, en donde a nivel constitucional se crea el derecho a la propiedad privada, lo cual se ve totalmente atacado en el proyecto presentado a la Asamblea Legislativa, donde se busca dejar sin ingresos a los arrendantes, que en su mayoría son adultos mayores que tienen como único ingreso el alquiler de una habitación o pequeña vivienda.
Absurdo absoluto: ¡3 meses gratis de moratoria a los arrendatarios!
Aun cuando es responsabilidad del Gobierno y específicamente de la cartera del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos brindar opciones a los Costarricenses para que logren tener una casita; lo cierto es que las casas que regalan quedan en su mayoría fuera del alcance de la clase media, puesto que se reparten en medio de precarios donde ciertamente la mayoría no son Costarricenses.
Ante esta problemática nacional; los ciudadanos que se sacrifican para comprar una propiedad y alquilarla, no reciben tampoco ningún tipo de ayuda del gobierno, y son ellos los encargados mediante la figura del alquiler, el brindar opciones de vivienda a los que necesitan alquilar para tener una casita donde vivir. Lo que se constituye mediante un contrato privado, sobre un derecho de propiedad privado en donde el Estado, en principio no aporta absolutamente nada.
Sin embargo ahora de manera inconstitucional buscan transferir el resultado de su incompetencia, sobre los hombros de los dueños de propiedades, quiénes tendrán que mendigar, ver sus bienes depreciados y dejar de percibir su ingreso por una serie de supuestos que no son en principio su responsabilidad, si no que bajo lemas de solidaridad que no alcanzan ni a los ministros, ni a los diputados, porque ellos no se ven afectados, finalizan en la merma de ingresos de los que serán afectados como en un asalto a manos armada, siendo en contra prestación a la figura de la expropiación, en donde el Estado compensa el uso de su potestad imperio, un absurdo que solamente busca patear la bola diciendo que serán 3 meses, cuando la realidad es que el problema del coronavirus durara entre 12 y 18 meses.
¡Desnudar a un santo para vestir a otro!
La propuesta es realmente abusiva y no considera que los arrendadores son dueños de sus títulos de propiedad y que pueden decidir tener su vivienda desocupada antes de tener viviendo a una familia de gratis, que sin lugar a duda priorizara otros gastos, antes que pagar el alquiler y que al final de la moratoria se podrán ir dejando al arrendador con deudas de servicios públicos y habiendo pasado meses sin recibir el peculio de su esfuerzo y de su sacrificio.
Invito a los señores diputados a pensar que dejaran a más de 100 000 arrendantes en una posición de indefensión y que su actuar llevara pobreza a estas familias y que dejaran a ancianos y niños sin recursos, todo por transferir una responsabilidad que le corresponde al Estado y no a la clase media.
